El Tribunal Supremo Administrativo (TSA) derogó el decreto del Consejo de Ministros que fija, formalmente, el salario mínimo interprofesional (SMI) de 230 euros a partir del 1º de enero de 2017. Para entonces, el mismo era de 210 euros. La decisión del Tribunal no es definitiva y es susceptible de apelación en el plazo de 14 días ante el panel de cinco miembros del TSA. Casi simultáneamente a esta decisión el Gobierno se comprometió que de aquí a 2020 el SMI se incrementará en 25 euros cada año.

El TSA argumentó que derogaba el decreto del Gobierno porque no había sido discutido con todos los interlocutores sociales, en concreto, con las organizaciones de empleadores. El Gobierno ahora recurrirá la decisión del TSA y se reunirá con los empleadores para tratar de convencerlos de que el acuerdo es beneficioso, luego reiterará su decreto. De todo eso resulta que el Tribunal baja el salario mínimo en tanto que el Ejecutivo lo sube.

Este conflicto, relacionado a primeta vista con procedimientos de índole meramente jurídica, revela, de hecho, de manera elocuente los problemas de la economía búlgara. Por ejemplo, según datos oficiales, cerca del 12% de los empleados en este país cobran y cotizan sobre la base del salario mínimo. Sus salarios reales, empero, son bastante más altos pero no se declaran y se les paga bajo la mesa, lo cual es pernicioso para la Seguridad Social y el sistema de pensiones. Sin embargo la gente dice “mejor tener más dinero ahora que esperar a recibir algún día una pensión decente, si es que llegas a la jubilación”.

Semejante comportamiento de una parte considerable de las personas empleadas en la economía búlgara tiene su explicación, y es que el SMI oficial es tan pequeño que no se puede llevar una vida normal si sólo se cuenta con él; ni siquiera alcanza para pagar los gastos del hogar, la alimentación y el transporte, por no hablar de coche, viajes y vacaciones, ropa de mejor calidad, entretenimiento cultural y libros.

Sin embargo, los empleadores son reacios a pagar mayores cargas sociales que ellos consideran excesivas. Los expertos estiman que estos gastos sociales ascienden a alrededor del 40% del salario real. Es decir, si una persona tiene un sueldo oficial de 1000 euros mensuales, al empleador esto le cuesta en realidad 1400 euros. Además de inaceptable, eso no está dentro del alcance de las miles de PyMes búlgaras. Por eso la Empresa se opone firmemente a la política de aumento automático y administrativo anual del salario mínimo que el Gobierno se propone realizar. Ello augura unas negociaciones muy difíciles cada año y cuestiona las intenciones de las autoridades oficiales, que sobre el papel parecen buenas. Más aún que la Empresa amenaza con despidos y aumento del desempleo si las políticas del Ejecutivo sean implementadas. La comunidad empresarial insiste en que los salarios se deben indexar sólo en función del crecimiento de la productividad.

Por otro lado, un SMI más alto tendrá efectos positivos ya que aumentará el consumo, que es el verdadero y más importante motor del crecimiento económico registrado en Bulgaria en los últimos años, y que también se espera en los próximos. Ahora, lo que queda es que el Gobierno convenza con acciones concretas a la Empresa de que también se beneficiará de este acuerdo aparentemente desventajoso para ella. No está muy claro qué es lo que ofrecerá el Gobierno a los empleadores ya que la comunidad empresarial reclama muchas cosas y el Ejecutivo debe decidir cuáles puede cumplir en interés público.