La prensa búlgara sigue centrada hoy en los problemas asociados a la construcción del tramo búlgaro del gasoducto South Stream. El diario 24 Chasa cita al ministro de Economía y Energía, Dragomir Stoynev, de que el proyecto es irreversible. Junto con ello el rotativo señala que la UE celebra la congelación, anunciada por el primer ministro Plamen Oresharski el pasado día domingo, del trabajo sobre este gasoducto hasta que sean esclarecidos y solucionados los problemas por los que Bulgaria es criticada por la CE. El diario Monitor agrega que esta resolución ha sorprendido al gobernante Partido Socialista Búlgaro (PSB). Incluso el diario Sega estima que dicho partido ha quedado chocado por la sorpresiva decisión del primer ministro Oresharski.

Todos los diarios centrales informan sobre las esperadas elecciones parlamentarias anticipadas en Bulgaria. Según el Standart, serán convocadas el 28 de septiembre. El presidente de la nación Rosen Plevneliev estima que esta sería una fecha idónea, agrega el diario. En este contexto, al analizar las consecuencias para el gobernante PSB de las elecciones al Parlamento Europeo y de las resoluciones que se espera tome hoy el máximo órgano del partido, el diario Trud expone la tesis de que el fracaso de los socialistas en los comicios europeos no dará lugar a dimisiones en la directiva de su partido ya que se considera que el mismo no podría desarrollar con éxito la campaña electoral para las parlamentarias nacionales si se viera decapitado.

El veto decretado por el presidente Rosen Plevneliev a la Ley del Ministerio del Interior, aprobada recientemente, es otro tema analizado por la prensa central búlgara. El jefe del Estado opina que es imprescindible un nuevo debate de esta ley en el Parlamento para conferirle mayor precisión y para que la opinión pública escuche argumentos de peso sobre la necesidad de toda reforma legal y sobre su coste para los contribuyentes, explica el diario Standart. El Monitor agrega que el presidente está descontento de esta ley concretamente porque le priva de la potestad de designar al Secretario General del Ministerio del Interior.