El Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad como inconstitucional la retirada del carné de conducir y la inmovilización del vehículo por impago de multas. El proceso ha sido incoado a instancia de la defensora del pueblo, Diana Kovacheva, después de las inspecciones masivas de deudas morosas de ciudadanos búlgaros que viajaban a Grecia, informa la agencia de noticias BGNES.

Según el Tribunal, en su deseo de obligar a los deudores a pagar las multas impuestas, el legislador ha restringido el ejercicio de los derechos constitucionales básicos de los ciudadanos, como la libre circulación y el derecho a la propiedad. “Cualquier restricción de los derechos que apunta a compensar la incapacidad del Estado de cumplir sus obligaciones es inadmisible en un Estado regido por el imperio de la ley”, manifiestan los jueces constitucionales.