“La libertad de los medios informativos y la libertad de asociación se han deteriorado aún más cuando las autoridades se pusieron en contra de periodistas y críticos y procedieron a represalias contra las protestas antigubernamentales”, escribe Amnistía Internacional en su informe internacional sobre el estado de los derechos humanos en 2020.

La organización señala que los periodistas que investigan el crimen organizado y la corrupción afrontan una fuerte presión política y por parte de la Fiscalía bajo la forma de amenazas e intimidaciones. El informe aduce como ejemplo el caso del reportero investigador búlgaro Nikolay Staykov, quien fue interrogado por el Ministerio Fiscal y amenazado con enjuiciamiento penal después de haber hecho público un documental que involucraba a aquél en un delito financiero. Se hace mención también a varios periodistas “agredidos físicamente por la Policía” mientras daban cobertura mediática a protestas antigubernamentales; uno de ellos estuvo detenido durante horas.

“En su informe sobre la primacía de la ley del mes de septiembre, la Comisión Europea expresó profundos recelos ante la falta de transparencia de la propiedad de los medios y señaló que éstos seguían siendo objeto de un control político sistemático”, señala además Amnistía Internacional refiriéndose a Bulgaria, que ocupa el puesto 111 entre 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa y que sigue siendo el país comunitario con el nivel más bajo de libertad de prensa.