El consejo civil del Consejo Superior de la Judicatura ha instado a revisar las enmiendas a la Ley del Poder Judicial, en virtud de las cuales se han suspendido el Tribunal y la Fiscalía especializados, alegando que no existe un procedimiento previsto para almacenar la información recabada por medio de equipos técnicos de inteligencia tras su cierre el 28 de julio, lo que pone en peligro los derechos de los ciudadanos.
El jefe de la Fiscalía de Apelaciones Especializada, Ivaylo Ánguelov, ha advertido que la responsabilidad de esta ley defectuosa recaería en los legisladores.
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