La financiación estatal de la actividad investigadora en nuestro país era de tan solo un 0,25% del PIB en 2021 a pesar de los compromisos asumidos (en la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica) de llegar al 0,50% en 2021 y al 0,70% en 2022. Es lo que consta en el Informe anual sobre el estado y el desarrollo de la investigación científica adoptado por los organismos científicos gubernamentales y universidades en 2021.

Ha trascendido que las empresas invierten en ciencia más que el Estado pero la financiación privada se destina casi en su totalidad a la investigación aplicada en vez de la fundamental por lo que los fondos permanecen en las empresas. Entre los otros problemas destacados están el envejecimiento de los científicos y la deficiente gestión de los resultados obtenidos en lo que se refiere a su comercialización.