La mayoría de la Asamblea Nacional, frente al GERB-CDC y el Continuamos con el Cambio – Bulgaria Democrática, rechazó la propuesta del partido Renacimiento de celebrar un referéndum sobre el mantenimiento del lev búlgaro como única moneda nacional durante los próximos 20 años. Según la ley (sobre la participación directa de los ciudadanos en el ejercicio del poder del Estado), cuando la propuesta es presentada por un comité de iniciativa con una petición que contiene las firmas de al menos 400.000 ciudadanos búlgaros con derecho a voto y cumple los requisitos de la ley, la Asamblea Nacional está obligada a adoptar la decisión de celebrar un referéndum. En abril, Renacimiento presentó 590.000 firmas para un referéndum con la pregunta "¿Está de acuerdo en que el lev búlgaro sea la única moneda oficial de Bulgaria hasta 2043?". La verificación posterior determinó que 470.000 de estas firmas eran válidas. Aunque se superó la barrera de los 400.000 votos, la mayoría del parlamento rechazó la propuesta alegando que la pregunta del referéndum no se ajustaba a la ley. Sin embargo, tras la votación surgieron dudas sobre lo que los diputados habían votado en realidad.
Según el partido Renacimiento en la sala plenaria se votó el proyecto de decisión de la comisión jurídica, que una semana antes había rechazado el referéndum por ser contrario al Tratado de adhesión de Bulgaria a la UE. Al rechazar este proyecto de decisión, los diputados permitieron de hecho que el referéndum siguiera adelante. En este sentido, el líder de Renacimiento, Kostadin Kostadinov, pidió al presidente Rumen Radev que programara el referéndum y remitiera la cuestión al Tribunal Constitucional para su evaluación. Aquellos que votaron en contra de la propuesta, sin embargo, refutaron las afirmaciones de Renacimientoy señalaron que en el pleno se había votado un proyecto de decisión sobre la celebración de un referéndum.
"Si leemos atentamente la ley, el pleno debe votar lo que propone una comisión parlamentaria", explicó la profesora de derecho constitucional Natalia Kiselova en una entrevista para la Radio Nacional de Bulgaria. "Por regla general, la comisión debe proponer un proyecto de decisión positivo. En el caso del referéndum sobre el lev, propuso una negativa, mientras que la presidenta del parlamento en aquel momento, Rositsa Kirova, pidió un voto positivo. Debido a esto, hubo discrepancias sobre lo que votaron los diputados. Hay una violación de las normas de votación porque la votación debería haberse basado en el proyecto de la comisión. Sin embargo, eso no es motivo para decir que votaron en sentido contrario. Tampoco puede haber una nueva votación".
La docenta Kiselova también señaló que, para llegar a una nueva votación, alguien tendría que volver a presentar un proyecto. El presidente tampoco puede fijar una fecha para el referéndum porque la Asamblea Nacional no ha tomado una decisión positiva. Al mismo tiempo, la Constitución y el Tribunal Constitucional le permiten adoptar una postura política y en ese sentido podría intervenir. Además del presidente, el Tribunal Constitucional puede ser recurrido por una quinta parte de los diputados porque:
"El comité de iniciativa no tiene derecho a recurrir al Tribunal Constitucional, que es una de las llamadas disposiciones "democráticas" de la ley", explicó el analista político Toncho Kraevski en una entrevista con la Radio Nacional. Esto solo pueden hacerlo los diputados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no podrá examinar el fondo del litigio, es decir, si la cuestión de conservar el lev búlgaro como única moneda durante los próximos 20 años constituye o no una violación de una obligación específica asumida por Bulgaria en virtud de un tratado internacional. En el Parlamento, donde esto debía aclararse, no se mencionó una obligación específica con un texto concreto. Tampoco se citó la forma concreta en la que se violaba dicha obligación, lo que demuestra falta de argumentación".
En palabras de la docenta Kiselova, el referéndum plantea dos cuestiones importantes: "a favor" y "en contra" del euro y "a favor" y "en contra" de la democracia directa. Según ella, esto es lo valioso de los debates tanto en la comisión jurídica como en la sala plenaria.
"Los partidarios de este referéndum establecen una equivalencia entre ellos", comentó la docenta. "En realidad, el problema radica en si se debe consultar a los ciudadanos sobre ciertos asuntos y el temor de los diputados, al someter a referéndum una pregunta específica, de no recibir una sonora bofetada. Esta es la razón por la cual se establece una equivalencia entre la cuestión de mantener el lev y la de celebrar un referéndum".
El politólogo Toncho Kraevski expresó una postura similar y realizó una retrospectiva histórica de los referendos nacionales celebrados hasta la fecha. Él señaló que, al redactar esta ley, el legislador se ha colocado en una posición en la que puede decidir si el referéndum entra o no en el ámbito de la ley. Según sus palabras, esto implica "una decisión política que necesariamente se reviste de argumentos jurídicos", lo cual continúa la larga tradición de utilizar las consultas populares como un instrumento altamente politizado solo cuando el poder es fuerte, está convencido y seguro tanto de sí mismo como del resultado de la consulta.
Por Yoan Kolev
Versión al español de Borislav Todorov
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