Cuando los agentes policiales se saltan el límite legal para restaurar el orden, se trata de una arbitrariedad policial. Tal arbitrariedad fue ejercida precisamente durante las protestas antigubernamentales en Bulgaria en el verano de 2020. Un año después, imágenes estremecedoras de la crueldad policial manifestada en estas protestas han sacado a la luz hechos muy desagradables. A efectos de esclarecer las causas que desembocaron en ensangrentar las protestas, se constituyó una comisión parlamentaria provisional que se dedicó a la audición de los responsables, incluido el fiscal general Iván Gueshev, ante la Comisión Jurídica del Parlamento.

Recientemente habló ante diputados y medios informativos uno de los afectados por la violencia policial, Daniel Pavlov. “Me tumbaron al suelo. Me dieron una patada en la cabeza, los lentes que llevaba se desprendieron de mis ojos. No podía respirar y sentía que me iba a morir”, ha dicho Pavlov.

El perfil de los uniformados que cometieron los actos violentos no encaja en absoluto con el que se suele tener de los guardianes del orden público:

“Es de especial importancia la cuestión de si realmente fueron agentes policiales o bien unos delincuentes vestidos como tales –ha comentado en Radio Nacional de Bulgaria el abogado Mijaíl Ekimdzhíev, defensor de derechos humanos–. El año pasado en las redes sociales se hizo la difusión de un buen número de imágenes de esos “policías”. Tenían barbas, llevaban manoplas y tatuajes, algo inadmisible para los funcionarios de instituciones públicas como la Policía y la Guardia Civil nacionales, quienes deberían ser nuestros ángeles de la guarda y no unos malvados dando paliza a nuestros hijos”.

Según Ekimdzhíev, las personas que participaron en las protestas del 2020 no fueron unos manifestantes pagados, idos a la plaza para participar como figurantes en una película de cine:

“No tenían características de integrantes de peñas de hinchas futbolísticos, sino las de individuos que acudían a la concentración por convicción. El cometido de semejante acción de violencia era quebrar su voluntad y mostrar que en Bulgaria no se podía protestar por cualquier motivo”.

Comentando la actuación de los agentes del orden público durante las protestas, Lubomir Alamanov, experto en Comunicaciones, destaca lo siguiente:

“Aun asumiendo que en determinado momento los policías estuvieron excesivamente excitados e incurrieron en un error al excederse en el ejercicio de sus derechos, fuimos testigos de un maltrato fijo. Buena parte de esos agentes policiales parecen haberse olvidado de que son los ciudadanos quienes pagan sus sueldos para que hagan mejor nuestra vida”.

Ha mostrado semejante comportamiento también el fiscal general, Iván Gueshev, quien ha comparecido ante el Parlamento, según dijera, “por respeto a la institución”, pero amparándose en su derecho constitucional para responder a las preguntas de los diputados de un modo bastante vago y sin apenas datos concretos.

Según Emil Gueorguíev, abogado de la Iniciativa Justicia para Todos, existen también, sin embargo, temas como la relativa a la violencia policial, respecto a los cuales el Fiscal General sí podría ser más concreto sin por ello transgredir la Constitución.

“Iván Gueshev ha explicado que resulta muy problemático que unos colegas investiguen a otros, pero no ha precisado si se ha emprendido algo con el fin de zanjar este problema. Nos hemos enterado de que, con todo, él había presentado ante la Asamblea Nacional un informe sobre las causas abiertas por la violencia policial, pero no ha trascendido si él habría tomado decisiones, asociadas a sus facultades, de impartir instrucciones a todos y cada uno de los fiscales con vistas a la correcta aplicación de la ley”, ha señalado el letrado.

Versión en español por Mijail Mijailov
Fotos: BGNES