Somos testigos de una tendencia negativa de escalada de los casos de reincidencia en las carreteras provocados por conductores que participan en el tráfico tras haber consumido alcohol o sustancias narcóticas, han alarmado desde la Fiscalía durante un foro especializado en Sofía dedicado a la seguridad vial. Desde el Instituto de Seguridad Vial proponen que los esfuerzos institucionales en la prevención del traumatismo vial sean recogidos en una Hoja de Ruta que esboce acciones y plazos concretos.

Para su realización serán necesarios dos años y es apremiante ya que la estadística de las víctimas en las carreteras en los últimos casi tres años, desde enero de 2019 hasta octubre de 2022, es horrorosa: 2.072 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico, ha señalado el jefe del Instituto de Seguridad Vial Bogdan Milchev.

“Asumimos el compromiso de disminuir durante el primer año las víctimas de los accidentes de tráfico de 50 a 100 personas. En la hoja de ruta están plasmados seis pilares principales con la ayuda de los cuales esto podrá suceder. Incluyen enmiendas estructurales, organizativas, legislativas y anticorrupción, la creación de estándares y normas de gestión de los riesgos, una nueva ley de circulación vial, etc”.

La suplente del fiscal general, Krasimira Filipova, ha instado a que se aplique un control más eficiente y que se adopten medidas contra los conductores temerarios para que disminuya la necesidad de intervención del sistema de justicia que interviene apenas cuando el accidente ya ha ocurrido.

“Son posibles enmiendas tanto en el Código Penal como en la Ley de Circulación Vial que, a nuestro juicio, surtirán efectos positivos en muy cortos plazos. Consideramos que la confiscación de un vehículo a favor del Estado tendría un efecto muy importante, junto con la multa y la privación de libertad que están previstas en el Código Penal. Independientemente de cuál será el castigo, sea por una infracción o por un delito, es importante que sea inevitable.

Los tests de alcohol y drogas siguen siendo un grave problema ya que al momento los chóferes tienen el derecho de negarse a dar una prueba de sangre y pueden elegir solamente un test de drogas.

El control existe; los castigos, no

Como una forma de genocidio que se debe a la negligencia institucional y como absolutamente incompatibles con la normalidad europea ha calificado el gran número de casos mortales en accidentes de tráfico el juez constitucional Atanas Semov, señalado dos problemas en el comportamiento en las carreteras.

El primero es la típica para la idiosincrasia búlgara negativa de tener miedo a la ley. Bulgaria es el país en Europa donde reina en mayor medida la sensación de impunidad. La vedad es que están previstas sanciones, el control también existe, a pesar de que no es suficiente, pero los castigos no se aplican. En 2022 más de 500.000 papeletas de infracción no han sido entregadas y la recaudación de las papeletas entregadas es de un 40%. 

Esto significa que en Bulgaria se sanciona apenas una cuarta parte de las infracciones comprobadas. El segundo problema es la deficiente organización de la circulación vial y las limitaciones peligrosas y sin sentido por todo el país. Las reconstrucciones que se llevan a cabo en las carreteras son el otro absurdo: dos túneles en la carretera de Jemus se están reparando durante seis años.

El presidente del Instituto de Seguridad Vial Bogdan Milchev señala categórico que hasta el momento el Estado y sus instituciones no han logrado gestionar la guerra en las carreteras porque no la libran contra los infractores, sino entre sí:

“Muy pronto organizaremos una iniciativa civil, una recolecta de firmas con la cual obligaremos al Gobierno búlgaro, independientemente cuál será, a examinar la hoja de ruta y comenzar a trabajar sobre ésta”.

Versión al español de Hristina Táseva

Fotos: BGNES